El presidente de la República, José Antonio Kast, junto al ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, presentó la Agenda contra el Crimen Organizado y el Terrorismo (ACOT), un copamiento legislativo que reúne 19 proyectos de ley ya en tramitación en el Congreso, 9 nuevas iniciativas legislativas y una reforma constitucional.
“Esta agenda demuestra la actitud, la gestión y el compromiso en el combate al crimen organizado y terrorismo”, afirmó el ministro Arrau durante la presentación, realizada en la Escuela de Carabineros General Carlos Ibáñez del Campo.
La agenda contempla una reforma constitucional para fortalecer el sistema nacional de seguridad pública. La iniciativa busca incorporar por primera vez a la Carta Fundamental el resguardo de la seguridad pública como un deber explícito del Estado.
Uno de sus puntos centrales es la creación de una nómina de organizaciones vinculadas al crimen organizado y al terrorismo, que contempla aumento de penas para los delitos que cometan y la tipificación del delito de pertenencia a estas agrupaciones.
La reforma también incorpora a la Constitución regímenes penitenciarios diferenciados para condenados por crímenes vinculados al crimen organizado y al terrorismo, y crea un nuevo Estado de Excepción Constitucional por grave alteración de la seguridad pública, que podrá aplicarse en zonas afectadas por conductas delictivas graves.
El Gobierno presentará además 9 nuevas medidas legislativas que el Ejecutivo prepara para su ingreso al Congreso, en distinto grado de elaboración: la modificación a la Ley Anti Barricadas —que elimina el requisito de violencia—, la reforma a la Zona Primaria de Seguridad Fronteriza, la Ley de Frontera Cero —que dispone la destrucción de todo bien ingresado por un paso no habilitado—, el cierre y destrucción de máquinas de destreza y azar ilegales, la habilitación de test de ADN a las policías, la colaboración policial con los Servicios de Salud para la destrucción de drogas, la Ley Orgánica Constitucional de Gendarmería, la modernización de la PDI y la creación de una agencia de decomiso, destrucción y enajenación de bienes ilícitos.
La ACOT contempla además la tramitación de 19 iniciativas que ya están en el Congreso, impulsadas por el gobierno, entre ellas las Reglas de Uso de la Fuerza, la modernización de la carrera de Carabineros, la legítima defensa privilegiada en franco, la ampliación de la retención migratoria, el transporte interno de migrantes irregulares, la ley anti encapuchados, el control de identidad de las FF.AA. en Estado de Excepción, la ley corta de Seguridad Municipal, la supresión de notificaciones judiciales por Carabineros, el aumento de sanciones por atentado contra autoridad policial, el plazo de entrega de registros de telecomunicaciones, la protección de infraestructura crítica, la mejora de las normas de rendición de cuentas y compliance del Ministerio de Seguridad Pública y las policías, la flagrancia y facultades autónomas de las policías, la Responsabilidad Penal Adolescente, el juicio oral en ausencia, la tipificación del ingreso clandestino, el perfeccionamiento de la expulsión administrativa y la tipificación del reclutamiento de menores de edad por asociaciones criminales.
Los 28 proyectos y la reforma constitucional fueron ordenados bajo los siete focos de gestión del Plan Operativo de Seguridad Pública: gestión policial, seguridad y control fronterizo, seguridad penitenciaria, recuperación de barrios, datos y tecnología, crimen organizado, y Macrozona Sur.
Consultado sobre cuál de las iniciativas es la más urgente, el ministro respondió que “cada proyecto de ley tiene su foco, son todos muy importantes, pero sin duda cuando hay una reforma constitucional tiene un peso específico”; con todo, prefirió no jerarquizar y sostuvo que “todas son muy relevantes”, concluyó Arrau.
