Durante más de una semana, el caso de los niños haitianos dominó la agenda pública. Todo comenzó con un preinforme reservado de la Contraloría que reveló que 64 niños, niñas y adolescentes que habían ingresado a Chile mediante procesos de reunificación familiar no pudieron ser ubicados en los domicilios registrados por el Estado.
El hallazgo provocó la apertura de una investigación penal por parte de la Fiscalía, una inédita reunión de coordinación en La Moneda entre representantes de los distintos poderes del Estado y una intensa búsqueda para determinar qué había ocurrido con los menores de edad.
Ahora, con la publicación del informe final, el foco de la Contraloría se desplaza hacia otro aspecto de la investigación: las decisiones adoptadas por el Servicio Nacional de Migraciones (SERMIG) durante la implementación de estos procesos.
El texto que entregó la Contraloría General de la República en su informe final de fiscalización al SERMIG —al que tuvo acceso Mega Investiga— apunta directamente a Luis Thayer, quien se desempeñó como Director Nacional del servicio durante el gobierno de Gabriel Boric y fue el firmante del documento que hoy se encuentra en el centro de la controversia.
Fue Thayer quien emitió el memorándum N° 1.886, de 13 de mayo de 2024, dirigido a la directora de operaciones, jefas y jefes de departamentos y unidades de la Dirección de Residencias Definitivas y Residencias Temporales, y fue ese documento el que autorizó a flexibilizar requisitos migratorios establecidos por ley para ciudadanos haitianos, sin contar con atribuciones legales para hacerlo, según concluye el organismo fiscalizador.
La investigación final del ente es durísima respecto al rol de Thayer y la situación de vuelos charter auditados por el ingreso de niños haitianos a Chile. Lo acusa de dictar un memorándum al margen de la Constitución y las leyes, y con eso extralimitar sus facultades como director del Servicio de Migraciones, ya que al intentar generar consecuencias jurídicas a través de ese documento, asumió competencias que corresponden exclusivamente a los poderes colegisladores o a la potestad reglamentaria, en franca vulneración del artículo 7° de la Constitución.
El hallazgo que gatilló toda la investigación se encuentra contenido en el informe final de 147 páginas al que accedió de forma íntegra Mega Investiga.
