El concejal César Rojas Andrade cuestionó el nulo control interno en la Municipalidad de Calama tras conocerse la querella criminal por dineros del Cementerio Municipal que no habrían ingresado a las arcas municipales. El edil recalcó que el caso no surge por una iniciativa espontánea del municipio, sino a partir de una fiscalización impulsada desde el Concejo, tras la cual solicitó formalmente a Contraloría que investigara la gestión del Cementerio.
“Esto no nace de una voluntad de transparencia del alcalde. Nace porque fiscalizamos, levantamos antecedentes y pedimos a Contraloría que investigara. La querella llega después, cuando el informe ya está sobre la mesa: eso es reacción tardía, no control”, señaló César Rojas Andrade.
El concejal instaló además dos preguntas que, a su juicio, el municipio debe responder con hechos: ¿los funcionarios involucrados siguen en sus cargos? y ¿dónde están los mecanismos de control dentro de la municipalidad?
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El equipo jurídico del municipio de Calama presentó ante el Juzgado de Garantía de la ciudad una querella criminal en contra de todos quienes resulten responsables en calidad de autor, cómplice y encubridor, por el delito de malversación de caudales públicos, por cerca de 37 millones de pesos relacionados con venta de derechos de sepultaciones del Cementerio Municipal y pagos de otros derechos del cementerio que no ingresaron a las arcas municipales.
Fue con fecha 19 de diciembre de 2025 que se emitió por parte de la Contraloría Regional de Antofagasta el Informe Final N° 410 respecto de observaciones en la gestión del Cementerio Municipal de la comuna de Calama. En el documento se indica en primer lugar la situación de los dineros correspondientes a derechos de sepultación (página 38): entre los años 2022 y 2023 se han registrado 57 órdenes de ingreso por la Tesorería Municipal, cuya materialidad fue comprobada en terreno, pero no se acreditó el respectivo ingreso efectivo de los recursos a las arcas municipales.
Para ser precisos, se constató que a la fecha existen un total de $29.158.584 relacionados con venta de derechos de sepultaciones que no presentan el depósito correspondiente en la cuenta corriente N° 81227132, denominada “Fondos Cementerio”, lo que implica que dicho caudal público no ingresó a las arcas municipales.
El informe de Contraloría también indicó que durante el mismo periodo se pudo comprobar, según registros de memorándums y los consignados en el sistema, que 20 derechos del cementerio asociados a construcciones, traslados, entre otros, no fueron registrados en el sistema, dejando de percibir contablemente un total de $7.635.630, ya que no se pudo comprobar cómo contablemente dichos montos formaban parte de las arcas municipales.
En consecuencia, estos actos constituirían el delito de malversación de caudales públicos por un total de $36.794.214, en tanto se trata de fondos municipales públicos que, debiendo ingresar a las arcas municipales, no fueron debidamente contabilizados.
Rojas insistió en que el foco no puede limitarse a lo penal y que el municipio debe transparentar responsabilidades y medidas internas.
“Si había órdenes de ingreso y el dinero no aparece depositado, entonces el problema es más profundo: ¿dónde está el control municipal? ¿Quién supervisa? ¿Quién concilia? ¿Quién responde? Esto revela un municipio que no se controla a sí mismo”, afirmó César Rojas Andrade.
Finalmente, el concejal apuntó a la necesidad de decisiones inmediatas que la ciudadanía pueda verificar.
“La pregunta es simple y la gente la entiende: ¿los funcionarios involucrados siguen en sus cargos? Porque si siguen como si nada, entonces el municipio no está enfrentando el problema, lo está administrando. Y Calama no aguanta más gestión por reacción”, cerró César Rojas Andrade.
