Tras tener una relación por casi un año, los caminos de dos altos ejecutivos de Codelco Chuquicamata terminaron al interior del Juzgado de Garantía de Calama.
Por un lado, una demanda laboral por $4 mil millones por despido injustificado en la división Chuquicamata, y por el otro, una querella penal por violación interpuesta ante el Juzgado de Garantía de Calama.
Según informó BioBio Investiga, la disputa partió a fines de septiembre, tras la desvinculación de M., exjefa de área en Chuquicamata, a quien la compañía despidió por “incumplimiento grave de las obligaciones del contrato” debido a faltas a la probidad.
El documento de despido -al que accedió BioBio Investiga- detalla que M. pidió un préstamo de $30 millones a una subordinada directa. La trabajadora tuvo que solicitar un crédito bancario a 69 cuotas, y no era la primera vez que M. recurría a esa práctica. Incluso, la misma subordinada tuvo que gestionar otro préstamo anterior en 69 cuotas tras requerir financiamiento para cubrir nuevos montos.
En su acción laboral, M. sostiene que el despido respondió a un contexto de “exclusión profesional” y represalias derivadas de una relación extramarital que mantuvo durante más de un año con R., un alto ejecutivo de la cuprífera. Según argumentó en su demanda, el quiebre se gatilló cuando la relación terminó y ella informó el vínculo a la esposa del ejecutivo.
“Esto desencadenó una crisis personal en la vida de R., con consecuencias directas en mi espacio laboral, hasta que me echaron”, afirmó M. en el libelo.
Sin avances en la causa laboral, M. dio un nuevo paso judicial y presentó una querella por violación contra R., a través de su abogado Juan Francisco Maibee. La acusación refiere a dos hechos que habrían ocurrido entre 2023 y 2024.
El mismo medio indica que su defensa asegura que no hubo cercanía ni consentimiento, y que M. no recordaba nada de lo ocurrido. Conversaciones posteriores entre los ejecutivos-realizadas al día siguiente de uno de los episodios denunciados- respaldan que M. expresó no recordar los hechos, lo que hoy es parte de la carpeta investigativa.
R. niega la acusación. Su abogado, Pedro Orthusteguy, señala que “la querella por abuso sexual es un instrumento para presionar el pago de $4 mil millones” y asegura que la acción penal busca obtener beneficios económicos.
