Un Megaoperativo dejó 52 detenidos y expuso fallas en la regulación financiera que permiten el lavado de dinero. Proyecto de ley para flexibilizar el secreto bancario sigue estancado en el Congreso.
Un megaoperativo nacional llevado a cabo por la Policía de Investigaciones (PDI) y el Ministerio Público desbarató esta semana una red dedicada al lavado de activos ligada a la organización criminal venezolana Tren de Aragua. El martes fueron detenidas 52 personas –45 de nacionalidad venezolana y siete chilenas– sospechosas de blanquear dinero obtenido por una célula delictual del Tren de Aragua a través de delitos como secuestros, extorsiones, narcotráfico y estafas telefónicas . De acuerdo con la investigación, esta red habría logrado sacar de Chile unos 13,5 millones de dólares mediante el sistema financiero formal, transfiriendo fondos a cuentas bancarias comerciales e incluso convirtiéndolos en criptomonedas, para luego enviarlos al extranjero . Destinos de estos montos incluían países como Colombia, México, España, Estados Unidos, Paraguay, Argentina y Venezuela. Las autoridades lograron congelar unas 250 cuentas bancarias vinculadas a la operación, aunque admiten que esos fondos ilícitos serán “difíciles de recuperar” .
Una trama financiera para sacar millones del país
La red de lavado desarticulada había diseñado una sofisticada estructura para burlar los controles del mercado financiero chileno. Según antecedentes de la fiscalía, los implicados abrían múltiples cuentas corrientes (incluyendo cuentas digitales) a nombre de distintos individuos –muchos de ellos presuntos testaferros de origen extranjero– y realizaban transferencias hacia plataformas que permiten convertir dinero en criptomonedas . De esta forma, extraían rápidamente los fondos del sistema bancario chileno y posteriormente el dinero era retirado o depositado en cuentas fuera del país . La fiscal regional de Tarapacá, Trinidad Steinert, explicó que varios miembros de la organización se dedicaban a facilitar sus cuentas para alojar el dinero ilícito, aprovechando vacíos en la regulación bancaria local.
Las pesquisas indican que el Tren de Aragua operaba con un conocimiento profundo de los procedimientos bancarios nacionales. “El crimen organizado opera con un conocimiento acabado del sistema financiero formal: saben cómo abrir o cerrar cuentas y cómo constituir sociedades”, advirtió el ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero . Gracias a ese dominio del sistema, la banda logró mover grandes sumas antes de levantar alertas: los investigadores detectaron que los movimientos de dinero ocurrían en la “ventana de tiempo” previa a que las transacciones sospechosas fueran reportadas a la Unidad de Análisis Financiero (UAF) . Este nivel de sofisticación –realizando una suerte de due diligence para identificar las vulnerabilidades regulatorias de cada país– convirtió al brazo financiero del Tren de Aragua en un desafío sin precedentes para las autoridades chilenas .
El secreto bancario, una traba para la investigación
El modus operandi de esta red criminal puso en evidencia los obstáculos legales que entorpecen la detección oportuna del lavado de activos en Chile. En particular, el secreto bancario –la reserva legal que protege la información de las cuentas corrientes y transacciones de personas y empresas– ha emergido como una piedra de tope en la persecución eficaz de estos delitos. El exjefe de la División de Seguridad Pública del Ministerio del Interior Jorge Araya afirmó en Radio Cooperativa que casos como el desbaratado esta semana demuestran la importancia de levantar el secreto bancario para seguir la pista del dinero ilícito . “Estos sujetos, cuando ganan plata a través de delitos, levantan negocios para hacer pasar esas ganancias como legales. Luego, ocupan la banca formal para transferirlas y hacer operaciones”, explicó Araya, hoy académico de la Universidad de Santiago . De ese modo, agregó, la actividad delictual “se mezcla con las instituciones formales” –haciendo de los bancos un punto vulnerable– por lo que abrir el secreto bancario es clave para detectar y perseguir este tipo de ilícitos .
Araya advirtió que bajo el marco legal actual es muy difícil adelantarse a estas operaciones financieras ilegales. “Nunca vamos a prevenir la situación o descubrirla antes si seguimos esperando a tener una acusación formal, pruebas claras del delito y una autorización judicial para recién levantar el secreto de una cuenta bancaria”, señaló el experto . En la práctica, la Fiscalía sólo puede acceder a las cuentas bancarias de un investigado cuando ya hay indicios contundentes y una orden judicial, lo que implica llegar con retraso a esquemas complejos de lavado que ya dispersaron los fondos. Desde el Gobierno han insistido en que esta situación debe cambiar. El presidente Gabriel Boric ha reiterado que ampliar el acceso al secreto bancario es clave dentro de la estrategia de su administración contra el crimen organizado . En la misma línea, el ministro Cordero subrayó que es urgente una reforma legal que permita acortar significativamente los tiempos para perseguir este tipo de delitos financieros .
Sin embargo, cualquier flexibilización del secreto bancario ha encontrado la reticencia de la oposición en el Congreso. Dirigentes de Chile Vamos y el Partido Republicano han expresado su preocupación por eventuales vulneraciones a la privacidad de las personas. El senador Juan Antonio Coloma (UDI), por ejemplo, advirtió que abrir indiscriminadamente el secreto bancario atentaría contra derechos fundamentales y podría transformarse en “una pesquisa masiva”, argumentando que los tribunales ya cuentan con herramientas para investigar caso a caso . Este choque de visiones tiene frenada una de las principales reformas legales que el Ejecutivo considera necesarias tras el golpe al Tren de Aragua.
Proyecto de ley para levantar el secreto bancario en casos de crimen organizado
El reciente caso de lavado de activos ha reavivado el debate legislativo sobre cómo dotar a las instituciones de mejores herramientas para seguir la ruta del dinero ilícito. Actualmente, en el Senado se discute el proyecto de ley que crea el Subsistema de Inteligencia Económica para la persecución del crimen organizado, una iniciativa del Gobierno que busca fortalecer la coordinación y facultades de organismos como la UAF y el Servicio de Impuestos Internos (SII). En dicho proyecto, el Ejecutivo propuso una controvertida norma que permitiría a la Fiscalía y a la UAF levantar el secreto bancario de organizaciones criminales sin orden judicial, acortando trámites en investigaciones de lavado de dinero. No obstante, en su trámite en el Senado esta cláusula fue rechazada en marzo de 2025 por la mayoría opositora, que votó en bloque en contra de esa facultad excepcional . El resultado dejó en suspenso la aprobación final de la ley, pues el secreto bancario se ha vuelto el principal punto de conflicto: el Gobierno reconoce que esta diferencia es la que mantiene entrampada la reforma, y advierte que podría convertirse en “la piedra de tope” para su avance . Pese al revés, autoridades como el ministro de Hacienda, Mario Marcel, han anunciado que insistirán en reponer dicha facultad mediante indicaciones, convencidos de que es indispensable para enfrentar casos complejos de lavado de activos .
En paralelo, algunos legisladores oficialistas llevan años impulsando medidas para flexibilizar el secreto bancario en favor de la probidad y la lucha anticrimen. Uno de los pioneros ha sido Esteban Velásquez, exalcalde de Calama y hoy senador por Antofagasta (FRVS), quien cuando era diputado presentó en 2019 un proyecto de ley denominado “Control Preventivo a la Autoridad” para someter a escrutinio financiero a las altas autoridades del Estado . Ingresada formalmente el 2 de abril de 2019 en la Cámara de Diputados , esta iniciativa establecía la obligación de que autoridades como el Presidente de la República, ministros, comandantes en Jefe de las FF.AA., parlamentarios, jueces de altos tribunales, entre otros, autorizaran a la UAF y al SII a fiscalizar sus cuentas bancarias desde el inicio de sus cargos . El objetivo, según Velásquez, era crear una excepción al secreto bancario para detectar enriquecimiento ilícito o flujos irregulares de dinero en el sector público, cerrando espacios a la corrupción. “Actualmente [la ley de transparencia] no alcanza este punto, porque el secreto bancario impide a estos organismos fiscalizar los movimientos bancarios de quienes participamos en la vida pública. Con esta ley, si hay un movimiento en la cuenta de alguna autoridad que no tenga fundamento, estos organismos tendrán la facultad de intervenir”, explicó el entonces diputado en su momento . Velásquez defendió la idea bajo el principio de que “el que nada hace, nada teme”, proponiéndola como una forma de hacerle frente también a la corrupción política, civil y militar .
Ya como senador, Velásquez reingresó la moción en la Cámara Alta en 2022 para continuar su tramitación . El proyecto –que incluye también a alcaldes y autoridades regionales entre los sujetos de fiscalización– comenzó a discutirse en la Comisión de Economía del Senado en 2023 . “El crimen organizado y la corrupción se combaten con transparencia a fondo de quienes ejercemos el servicio público”, argumentó Velásquez, abogando porque desde el día uno en el cargo las autoridades permitan la revisión de su patrimonio y movimientos bancarios . No obstante, la iniciativa ha enfrentado resistencia política y avanzó lentamente. En palabras del propio senador, el proyecto ha quedado “durmiendo” en la Comisión, reflejando las dificultades para reunir apoyo transversal .
Tras el golpe al brazo financiero del Tren de Aragua, Velásquez ha redoblado sus llamados a aprobar medidas de este tipo. El parlamentario criticó duramente que sectores de derecha frenaran la propuesta del Gobierno para facilitar el levantamiento del secreto bancario en investigaciones criminales. “No se entiende cómo quienes más dicen –al menos en la tele– querer terminar con el crimen organizado, hoy se niegan a permitir flexibilizar la apertura del secreto bancario precisamente a las organizaciones criminales. Yo, sinceramente me pregunto, ¿a qué le tienen miedo?” reprochó el senador regionalista . Velásquez recordó que lleva años impulsando esta medida junto a otros legisladores oficialistas, por lo que lamentó el “bloqueo permanente” que –afirma– han ejercido los partidos de derecha en este tema  .
La relevancia de este debate es enorme en la lucha contra el crimen organizado en Chile. Mientras bandas transnacionales como el Tren de Aragua logran infiltrar sus ganancias en el sistema financiero formal, las instituciones nacionales buscan actualizar sus herramientas legales para perseguirlas. El choque entre la necesidad de mayor capacidad investigativa y las garantías de privacidad financiera mantiene abierta una discusión de alto perfil. Tanto el Gobierno como expertos en seguridad coinciden en que levantar el secreto bancario, con los debidos resguardos, sería un paso crucial para seguir el rastro del dinero sucio y desarticular las redes de lavado  . La próxima palabra la tendrá el Congreso, donde se definirá si Chile dota a sus fiscales y órganos financieros de estas nuevas facultades, consideradas clave para cerrar el cerco al crimen organizado.  
