La Contraloría General de la República resolvió, en el Dictamen N° D344/2026, del 1 de julio, tres materias denunciadas por parlamentarios respecto de la gestión de la exministra de Seguridad Pública, María Trinidad Steinert Herrera: el oficio reservado N° 28 dirigido a la PDI, la salida de la entonces prefecta general de la PDI, Consuelo Peña San Miguel, y la supuesta disolución de la Unidad Estratégica del Ministerio de Seguridad Pública (MSP).
El dictamen, firmado por la contralora general Dorothy Pérez Gutiérrez, responde a requerimientos del diputado Raúl Leiva Carvajal, del diputado Patricio Pinilla Valencia y de la diputada Tatiana Urrutia Herrera.
Steinert estuvo a cargo del ministerio durante 69 días hasta el cambio de gabinete realizado en mayo. Durante aquel periodo, específicamente el 22 de marzo, se originó la salida de la subdirectora de Inteligencia de la PDI, Consuelo Peña tras 36 años de servicio. Sin embargo, Steinert negó haber ejercido presiones para concretar su remoción.
De acuerdo al ente regulador, la otrora secretaria de Estado emitió su oficio reservado el 13 de marzo de 2026, dos días después del cambio de mando donde asumió su cargo.
En el oficio, se solicitó un informe respecto del personal de una Brigada Antinarcóticos y contra el Crimen Organizado específica, vinculada a la investigación penal de una causa determinada que se encontraba en curso, a cargo de una Fiscalía Regional.
Sin embargo, Steinert solicitó una nómina detallada con nombre completo, cédula de identidad, grado de los funcionarios trasladados y/o cesados en sus funciones investigativas respecto de una causa. Adicionalmente, pidió que se explique el fundamentos de los traslados y que se informe la región, unidad de destino y cargo actual en que se desempeñan los funcionarios.
Según la Contraloría, “tal exigencia se refirió a datos personales, antecedentes de desempeño, administrativos y eventualmente penales de funcionarios públicos específicos”.
Ante esto, el ente regulador determinó que “excede la facultad general de requerir informes en cuanto dichos informes deben ser necesarios para la planificación de sus funciones y atribuciones”.
“No se advierte de qué manera los requerimientos específicos aludidos puedan enmarcarse en las hipótesis legales que habilitan a la autoridad ministerial para efectuar este tipo de solicitudes, las cuales, conforme a la normativa vigente, deben estar destinadas, entre otros aspectos, a planificar, diseñar, monitorear, coordinar, supervigilar y evaluar el cumplimiento de los objetivos establecidos en las políticas, planes y programas de seguridad”, detallaron desde Contraloría.
En esta misma línea, “se concluye que la actuación analizada no se ajusta estrictamente a las atribuciones y funciones que el ordenamiento jurídico asigna a la autoridad ministerial de que se trata y no se aviene con su deber de abstención”.
Con respecto a la desvinculación de la prefecto general de la PDI, Consuelo Peña, “se dispuso el retiro absoluto de esa funcionaria directiva, a contar del 20 de marzo de este año, por ajustarse a derecho”.
