El fiscal regional de Antofagasta, Juan Castro Bekios, presentó ayer jueves una solicitud de desafuero en contra del gobernador de la Región Metropolitana, Claudio Orrego, a propósito de la arista Procultura del Caso Convenios.
Se trata de una petición que el Ministerio Público hizo ante la Corte de Apelaciones de Santiago que, de ser aceptada por los ministros integrantes, permitirá formalizar y solicitar medidas cautelares en contra del exmilitante de la Democracia Cristiana (DC).
La Fiscalía investiga millonarias transferencias que hizo el Gobierno Regional Metropolitana a la Fundación ProCultura, encabezada por el psiquiatra Alberto Larraín, para un programa de prevención del suicidio llamado “Quédate”.
De acuerdo a la investigación, el organismo liderado por Orrego hizo llegar más de $1.600 millones a la ONG en 2022, lo que levantó las sospechas en el ente persecutor por eventuales delitos de corrupción, entre ellos, un posible fraude al fisco.
Aunque el proyecto consideraba la entrega de más de $1.600 millones, solo se habrían alcanzado a ejecutar $600 millones. María Constanza Gómez, quien fuera representante legal y una de las cabecillas de Procultura, afirmó que el resto fue utilizado para los gastos propios de la fundación.
