Imputado agredió a su víctima cuando era menor de edad. Causa se reactivó en 2023, una vez que el afectado alcanzó la adultez.
Once años después de la ocurrencia de los hechos, un chileno de 53 años fue condenado por el delito reiterado de violación impropia, cometido en contra de una víctima que, al momento de las agresiones, era menor de edad.
El acusado fue llevado a juicio por el fiscal Daniel García Hernández, de la unidad de delitos sexuales de la Fiscalía de Antofagasta, quien logró una pena de 10 años y 1 día de presido mayor en su grado medio, más las accesorias de inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios públicos y derechos políticos, inhabilitación absoluta para profesiones titulares por el tiempo de la condena, e inhabilitación absoluta perpetua para cargos, oficios o profesiones ejercidos en ámbitos educacionales o que involucren una relación directa y habitual con menores de edad.
Según se expuso durante el juicio, el delito fue perpetrado entre los años 2014 a 2016, al interior un inmueble de Antofagasta, aprovechando el vínculo familiar que el imputado tenía con el menor afectado.
Este caso fue denunciado en 2019 y reactivado el año 2023 cuando la víctima, tras alcanzar la mayoría de edad, se manifestó dispuesto a prestar declaración en contra de su agresor, aportando antecedentes suficientes para sustentar la acusación del Ministerio Público y, en definitiva, obtener una condena.
Al analizar el fallo, el fiscal Daniel García destacó la relevancia de la declaración prestada por la víctima, la cual, pese al tiempo transcurrido, fue lógica, pormenorizada y coherente, lo que permitió contrarrestar la ausencia de evidencia clínica, debido al tiempo transcurrido desde que ocurrieron los hechos investigados.
De igual forma, dijo que resultó valioso el testimonio de una psicóloga que atendió al afectado cuando era menor de edad y que fue la primera en advertir las señales del abuso, como también el de las policías, que dieron contexto a la versión de la persona afectada.
El fallo del tribunal establece que, una vez que ejecutoriado, la pena privativa de libertad deberá cumplirse de manera efectiva, iniciando su conteo desde el 29 de febrero de 2024, fecha a contar de la cual el condenado ha permanecido sujeto a prisión preventiva.
